Al revisar la Constitucionalidad del art. 533 de la ley 906 de 2004, la Corte se plantea el siguiente problema jurídico: ¿Se desconoce el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, si se continúa aplicando el procedimiento penal contemplado en la Ley 600 de 2000, a los casos de investigación y juzgamiento por la Corte Suprema de Justicia de los miembros del Congreso (art. 235, numeral 3 C.P.) y no el proceso penal acusatorio contenido en la Ley 906 de 2004?
Para la Corte, aunque la norma acusada es exequible, la dinámica del derecho impone que a partir de la expedición de esta sentencia y para el procesamiento de las conductas punibles cometidas de ahora en adelante, se separe dentro del propio ámbito del juez natural de los miembros del Congreso, que es la Corte Suprema de Justicia, la función de investigación de la de juzgamiento, de manera que en ésta no participe ningún magistrado que haya adelantado aquélla, la cual será encomendada a una sala, cuerpo, sección o funcionario diferente vinculado a la propia corporación, según se determine en ejercicio de las facultades estatuidas en el artículo 234 superior. El Legislador establecerá el respectivo régimen de transición, si lo estima pertinente, acatando los efectos erga omnes y no retroactivos de esta sentencia, inclusive frente a delitos cometidos con anterioridad a su expedición que aún no estén siendo investigados.
Salvó voto el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto.
La conclusión de la Corte es, por lo menos, controvertida. Es de avanzada en la medida en que busca que hacia el futuro se aplique el sistema acusatorio previsto en el acto legislativo 03 de 2002, inclusive a los procesos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia contra los Congresistas. Sin embargo, como lo destaca el magistrado disidente, el limbo en el que deja las conductas de los congresistas que se cometan a partir del 29 de mayo de 2008, y mientras el legislador reglamenta la forma en que funcionará internamente la Corte Suprema para cumplir con lo que a partir de ahora es un mandato Constitucional, hace pensar (i) que no se tuvieron en cuenta las consecuencias o (ii) lo que es peor, que se calcularon. Ojalá no resulten beneficiados con ese “rio revuelto” los congresistas que por fin estaban siendo desenmascarados por sus vínculos con organizaciones al margen de la ley. La historia dirá.
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