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Introduce la Corte Constitucional un criterio modulador para la interpretación y aplicación del principio de Concentración. Según esta nueva posición, el Juez debe ponderar, antes de ordenar la repetición del juicio oral por cambio de juez, si esa repetición puede vulnerar los derechos de las víctimas menores de edad.
Según comunicado de prensa, la Corte Constitucional consideró que el registro de elegibles que conformó la entidad sólo podía ser utilizado para proveer los cargos ofertados en las seis convocatorias que le dieron origen.
Teniendo en cuenta que las pautas o reglas de los concursos públicos para el acceso a la carrera son inmodificables y que a la Administración no le es dado hacer ninguna variación de ellas porque se lesionarían los derechos y principios propios del Estado Social de Derecho que nos rige, la Corte Constitucional consideró que la Fiscalía General de la Nación sólo podía utilizar el registro de elegibles que expidió mediante el Acuerdo 07 de 2008, para proveer únicamente el número de los cargos ofertados en cada una de las seis convocatorias del año 2007, toda vez que esa era una de las reglas del concurso y, por tanto, debía ser observada en forma estricta.
En consecuencia, la Corporación decidió REVOCAR la orden que emitió la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la Fiscalía General de la Nación debía agotar el registro de elegibles -Acuerdo 007 de 2008- para proveer todos los cargos vacantes o en provisionalidad a los que hacían referencia las convocatorias 001 a 006 de 2007.
Por lo anterior, determinó que las personas que fueron nombradas en carrera en la entidad en virtud de la orden que se deja sin efectos, es decir, todos aquellos concursantes que no estaban en el rango de los cargos ofertados en las respectivas convocatorias, deben seguir vinculados a la Fiscalía General de la Nación, pero bajo el entendido que su vinculación es de carácter provisional y no de carrera, en razón a que no tenían el derecho a ser nombrados en la entidad. Esa vinculación se mantendrá hasta tanto no se provea el cargo mediante concurso público o se cumplan las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional, contenidas, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010, para su desvinculación, en otras palabras, se requiere resolución motivada para su desvinculación.
Esta protección, es decir, la necesidad de resolución motivada, es predicable de todos los servidores provisionales de la entidad.
Por otra parte, como una medida de protección para las personas en situaciones de especial protección: i) padres o madres cabeza de familia; ii) personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) personas en situación de discapacidad, que fueron desvinculados en virtud del concurso que se convocó en el año 2007, la Corte ordenó a la Fiscal General de la Nación que, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o similar al que ocupaban, se les designe nuevamente y su vinculación se mantenga hasta tanto no se provea el cargo mediante concurso público o se cumplan las condiciones establecidas en la jurisprudencia constitucional para su desvinculación, contenidas, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010.
Para que todos los cargos de carrera de la Fiscalía General se provean mediante el sistema de concurso público, la Corporación ordenó a la Fiscal General de la Nación que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación del fallo, inicie los trámites para convocar el concurso o los concursos públicos que sean necesarios para proveer todos y cada uno de los cargos de carrera existentes en la entidad. Esta decisión tiene como finalidad que la Fiscalía General de la Nación, después de 20 años de la expedición de la Constitución de 1991, cumpla a cabalidad la regla del mérito contenida en el artículo 125 y ponga fin de una vez por todas a la situación de hecho que vive la entidad.
Sin embargo, se prevé expresamente que, en todo caso, en un término máximo de dos (2) años contados a partir de la notificación de la sentencia, la Fiscalía General de la Nación deberá haber culminado dichos concursos y provisto los respectivos cargos.
Igualmente, se ordena que en el concurso o concursos que se deben efectuar, la Comisión de Carrera de la Fiscalía General de la Nación, al definir los factores de calificación, tenga en cuenta la experiencia en el tipo de funciones a desempeñar.
En razón de los alcances de la decisión, la Sala le confirió al fallo efectos inter comunis, es decir, cobijará tanto a quienes hicieron uso de la acción de tutela que originó la sentencia de unificación, como a quienes sin interponer la acción, se encuentren en las situaciones previstas en él.
La Corte suprema de Justicia profiriò auto inhibitorio dentro del proceso penal que habìa iniciado en contra del ex-representante a la càmara WILSON ALFONSO BORJA DIAZ, por su presunta vinculación con el grupo armado ilegal FARC. Concluyó la Corte que nunca se demostró la única hipótesis trazada por los organismos de investigación, fundada exclusivamente en las evidencias que recolectó la fuerza pública en la conocida "operación fenix".
Precisamente sobre éstas, dijo el Alto Tribunal que en su recolección no se respetó el debido proceso probatorio, conformado por la Constitución política, la ley 600 y la ley 519 de 1999 (convenio de cooperación judicial suscrito con Ecuador), ya que autoridades nacionales desprovistas de facultades de policía judicial practicaron inspecciones y recogieron elementos de conocimiento, por fuera de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia judicial, sin autorización del Estado Ecuatoriano. Por tanto, las pruebas deben ser excluidas por ilegales, de conformidad con el art. 29 de la Constitución política.
Para la Corte el trámite del recurso de apelación contra sentencias penales en la audiencia de lectura del fallo, no vulnera el derecho de defensa, los principios de inmediación y contradicción. La entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010 a partir de su promulgación no impide invocar el principio de favorabilidad
Aunque sin duda es una obiter dictae, la reflexión de la Corte Suprema de Justicia sobre la inaplicabilidad del art. 349 de la ley 906 de 2004, al allanamiento a cargos llega en buen momento, pues la interpretación contraria estaba amenazando con limitar más aún la filosofía premial del sistema acusatorio. Se afirma entonces sin ambages que la prohibición que allí se consagra opera solamente respecto de los mecanismos de justicia consensuada, es decir, los preacuerdos.
Se redefine la línea jurisprudencial en el tema de congruencia, precisando que el juez puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa, (ii) la nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes. La primera exigencia aquí tachada, es la que modifica la Corte en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado.
Novedosa decisión a través de la cual la Corte Suprema de justicia admite que dentro de la sistemática de la ley 906 de 2004, sí procede la condena en costas, pero estrictamente cuando de tabular el incidente de reparación integral en el proceso penal acusatorio, se trata. En ese caso la decisión del juez debe sujetarse a las exigencias de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad y proporcionalidad del gasto.
Recuerda la Corte que también en torno a la condena de perjuicios es aplicable el principio de consonancia, según el cual el juez no podrá condenar más allá de lo solicitado por el interesado.
