En esta decisión se reafirma la nueva tesis de la Corte Suprema de Justicia que ha causado polémica en los últimos días, en donde cambia su jurisprudencia respecto de la competencia para conocer de delitos cometidos por congresistas, argumentando que cuando se establezca el vínculo entre la función como congresista y el delito atribuido, la Corte debe mantener o recuperar la competencia de la que hubiera podido desprenderse en virtud de una interpretación que a la fecha ha sido reconsiderada en ejercicio de su facultad constitucional de ser la unificadora de la jurisprudencia.
En la misma decisión, aduciendo tal calidad, "cierra las puertas" para que por otra vía, como podría ser la tutela, se cambie el criterio jurisprudencial que ahora entroniza, enfatizando que "queda cerrada la posibilidad de que otra autoridad, aún jurisdiccional, discuta y se abrogue una competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia."
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