Se plantea la Corte Suprema de Justicia los siguientes interrogantes:
i) cuál es el alcance anulatorio de las actividades de investigación y de captura y cuál la oportunidad para su proposición; ii) si la entrega vigilada es una actividad exclusiva para desarticular bandas criminales o si su utilización es permitida en delitos de entidad diferente; y, iii) si la sentencia C-025 de 2009, produce efectos hacia el pasado.
Se reitera la línea jurisprudencial según la cual la eventual ilegalidad de la captura no tiene efectos directos y automáticos en la validez del proceso penal. También se precisa cuáles eventos se pueden alegar como nulidad en la audiencia de acusación, cuáles irregularidades en las pruebas se deben aducir en la audiencia preparatoria y se señala que la técnica especial de investigación de la ENTREGA VIGILADA no solamente está consagrada para actividades de narcotráfico. Finalmente, se puntualiza que la sentencia c-025 de 2009, solo tiene efectos hacia el futuro.
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